Seminario 5 presenta:

CRISIS AGRÍCOLA Y RESISTENCIA CAMPESINA

Armando Sánchez Albarrán y Armando Cisneros

El cambio histórico en del México actual ha sido descrito, desde diferentes frentes políticos e ideológicos, como hegemonía del neoliberalismo, transición políticas, democratización, globalización excluyente, posmodernidad cultural. Todos estos elementos aportan elementos ala comprensión o al debate sobre las transformaciones del país y del mundo. En este artículo asumimos que México ha asumido grandes cambios en materia de comercio internacional y notros más en su desarrollo político con un efecto. Social significativo. Nos referiremos en particular a los efectos de las políticas neoliberales en el campo, como parte de un proceso más amplio de crisis del Estado de Bienestar, combinado con la competencia desigual que se ha dado a raíz del tratado de libre comercio con América del Norte. El punto central del análisis serán las reacciones que frente a ese panorama adverso han tenido las organizaciones campesinas.
El gobierno de Fox desarrollo una estrategia fincada en proyectos empresariales, reduciendo los subsidios y, en una mínima proporción, atendiendo necesidades sociales. Todo ello ha evidenciado la crisis del Estado de Bienestar en el campo. Como responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Fox nombró a un empresario agrícola, Javier Usabiaga, personaje sin experiencia en la administración pública ni intención de solucionar los problemas políticos y sociales que se presentaron. Esta estrategia estatal se ¿dio en el marco del debilitamiento de los mecanismos tradicionales de control político, en especial por el deterioro del Partido Revolucionario Institucional, contribuyendo a contraponer más la relación ente el gobierno y los campesinos. Al interior de las agrupaciones rurales surgieron vacíos de poder que ocasionaron luchas por el liderazgo interno. Habiendo perdido la presidencia de la República y una buena cantidad de gobiernos estatales y municipales, así como grandes espacios en el Congreso, la fuerza del PRI frente a los campesinos comenzó a opacarse. En ocasiones los campesinos recurrieron a una fuerza política emergente el PRD y en otras a los gobernadores y congresistas priístas para reclamar apoyos al campo, pero con el riesgo de fortalecer viejos estilos de hacer política, centralizados y democráticos. Frente a la falta de interés y de poder real de los gobernantes priístas o de los congresistas perredistas, los campesinos optaron por establecer contactos con agrupaciones sindicales, religiosas o políticas diversas, manteniendo un trato cordial con los medios de comunicación, con el fin de presionar el gobierno para ampliar el presupuesto agropecuario, exigir la renegociación del tratado de libre comercio y plantear nuevas demandas al Estado, entre ellas: aumento al subsidio necesario, intentando no siempre con éxito, mejorar las condiciones de competencia de los productores, modificaciones agrarias para la defensa de la tierra a favor de la propiedad social, crédito, maquinaria, fertilizantes, subsidios al diesel, al agua y la electricidad. Todo ello tratando de incidir en las políticas públicas a través de la presión al congreso y al gobierno federal, y al mismo tiempo desencadenando una recomposición de las organizaciones contara el corporativismo y el cacicazgo aumento al subsidio necesario, intentando, no siempre con éxito, mejorar las condiciones de competencia de los productores ante el mercado de Estados Unidos y Canadá; modificaciones agrarias para la defensa de la tierra a favor de la propiedad social; reconstitución de los campesinos como ciudadanos, gestionando sus intereses ante el Congreso, presionando por incidir las políticas públicas, pero es al mismo tiempo una querella contra el corporativismo y el cacicazgo. Constituyó también una exigencia por el territorio y la autonomía, por parte de las comunidades indígenas o ejidales que se oponen a los proyectos de expropiación que únicamente favorecen al capital. Además fue un reclamo por el mejoramiento de la calidad de vida, en particular la demanda de la vivienda rural y el apoyo a mujeres y ancianos.
En sentido opuesto, en el campo se consolidaron los rasgos negativos de la crisis económica de las últimas décadas. Declive de la agricultura que evidenciaba el saldo negativo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como ausencia de apoyos al campo; pauperización constante en la calidad de vida de los campesinos; tendencia hacia la participación laboral de mujeres; aumento de la migración con la participación de entidades que anteriormente no expulsaban fuerza de trabajo (Calva, 1992; Rubio, 2001; Schwentesius, 2003). Vistos estos problemas en conjunto, al campo mexicano se vincula a lo que los sociólogos Giddens, Goodman y Beck consideran un problema de riesgo, comenzando con el riesgo de la seguridad alimentaria y nacional, el riesgo por la pobreza y disminución de la calidad de vida en el campo o el éxodo rural; o bien el riesgo ambiental (Beck, 2006; Giddens, 1998; Goodman, 2001; Redclift, 1989). En la primera parte de este artículo analizaremos la situación económica del sector agropecuario. En la segunda parte el movimiento campesino protagonizado por los productores, sus organizaciones y el tipo de movilizaciones y acciones de descontento; y al final intentaremos un balance de dicho movimiento.

1. Efectos de Libre Comercio en el campo
A pesar de que diversos estudios habían vaticinado que para los productores agrícolas nacionales la firma del Tratado de Libre Comercio únicamente acarrearía enormes desventajas económicas, frente a productores de países como Estados Unidos y Canadá, el gobierno salinista, en su momento y, pese al Programa Nacional de Solidaridad, y Zedillo y finalmente Fox, hicieron caso omiso de los riesgos de incluir al campo de dicho tratado (Fritscher, 1995; Bartra, 2003; Calva, 1992; Schwentesius, 1998; Schwentesius, 2003).
Comparando el intercambio entre México y Estados Unidos, observamos que la importación masiva de los productos subsidiados ocasiona que para el productor nacional sus costos resulten altos y la venta de sus productos muy reducidos Por ejemplo, las diferencias que resultan de comparar los subsidios otorgados por los gobiernos de México y Estados Unidos llegan a 19 mil 231 millones ; en el caso de la superficie cultivable medido en hectáreas por personas de 27.29 hectáreas; en la producción de toneladas per cápita la discrepancia llega a 54.86 toneladas; salvo los costos de apoyos directos medidos en dólares por toneladas de 7.07 a favor de nuestro país a consecuencia del predominio de la eficiencia en las pequeñas explotaciones ; los ingresos medidos en dólares anuales reporta una diferencia de 57 mil 400 dólares (Véase cuadro 1).
CUADRO 1 Condiciones asimétricas de intercambio agropecuario entre México y Estados Unidos.
APOYOS A LA AGRICULTURA MÉXICO ESTADOS UNIDOS DIFERENCIA
Subsidio (dólares) 2, 669 millones 21, 900 millones -19 mil 231 millones
Superficie Cultivable, (has por persona) 1.17 hectáreas 28.46 hectáreas -27.29 hectáreas
Producción (Tons. Per cápita) 3.95 toneladas 158.81 toneladas -54.86 toneladas
Costo de apoyos directos (dólares por tonelada) 28.99 dólares/ton. 21.92 dólares/ton. 7.07 dólares/ton
Niveles de Ingresos (dólares anuales) $ 2, 600 dólares anuales $ 60 mil dólares anuales 57 400 dólares
Fuente: La jornada, 31-12-02; Reforma, 06-03-2003))
Para ensanchar la grieta entre los dos países, en 2003 el Congreso de ese país aprobó en 2002 la Farm Bill (Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural) con la que otorgó subsidios agrícolas por la suma de 183 miles de millones de dólares a sus productores (Calva, 2004).
En un estudio reciente, Alicia Puyana y José Romero convalidan la tesis de la enorme diferencia respecto al PIB per cápita, en dólares, que erogan a la agricultura comparando Estados Unidos y Canadá con respecto a México en 2002. Su datos indican que, en Estados Unidos, el monto otorgado es de 35 mil, 280 dólares; Canadá 22, mil 340; mientras que, en México, se destinan apenas 6, mil 210 dólares, muy alejado de las recomendaciones internacionales . Comparando el PIB per cápita en agricultura, manufactura y servicios constatamos un marcado desinterés hacia el agro, así para los años de 1980, 1993, 1999, 2000 y 2001 se evidencia el atraso en agricultura, silvicultura y pesca, experimentó un marcado retroceso, en porcentajes, para los mismos años de: 8.2, 6.8, 5.3, 4.2 y 4.4; en la manufactura hubo un ligero estancamiento: 22.1, 20.1, 21.3, 20.3 y 19.4; mientras que hubo un crecimiento constante en la rama de servicios de: 61.1; 66.1, 68.4, 70.2 y 71.2 .
El encarecimiento del crédito, desde los años ochenta, como parte de la continuación en las políticas agropecuarias de corte monetaristas, y las crisis recurrentes del mercado agropecuario, ocasionaron la falta de capitalización y obsolescencia de maquinaria agrícola e infraestructura agrícola en el agro lo que incide en la pérdida de competencia frente al mercado internacional (Mestries, 2004; Sánchez, 2004). El crédito agropecuario comercial, dirigido casi exclusivamente a productores comerciales, ha descendido de 1997 a 2003, ya que éstos concentraron en 1997 el 5.7% del crédito total y en 2003, el porcentaje, descendió a 2.8% (Puyana y Romero, 2005).
Desde 1994 a 2006, el balance del TLC en el campo mexicano ha sido claramente negativo . Han disminuido las exportaciones de alimentos y, en cambio, aumentaron las importaciones de éstos. Al proceso anterior se le añade la caída del precio interno, la reducción de los subsidios, pero especialmente la importación por arriba de las cuotas establecidas en el TLCAN en granos básicos, oleaginosas, cultivos comerciales y en ganadería, lo que afectó a todos los productores, pero en especial a los medianos y pequeños productores. A ese mecanismo Blanca Rubio denomina subordinación desestructurante (Rubio, 2004b).
De 1990 a 1999 la producción de granos básicos creció, en millones de dólares, apenas un 0.85% anual; el frijol cayó en -2.1% anual; el trigo -2.91%; la soya en -13.8% y el sorgo en grano descendió a -0.49% (Rubio, 2004b). En los tres primeros años del sexenio de Fox el saldo entre exportaciones e importaciones, medido en millones de dólares, resultó negativo en agricultura y positivo en ganadería. En agricultura en el año 2000 el saldo fue de -689; en 2001 de -1,329; y en 2002 de -1612. En ganadería para los mismos años el saldo es positivo en: 108; 100 y 104 (Puyana y Romero, 2005). (Véase cuadro 2)
Cuadro 2 Exportaciones e importaciones agropecuarias: 2000-2003 (millones de dólares)
Agricultura Ganadería
AÑOS Exp. Imp. Saldo Exp. Imp. Saldo
2000 3,616 4,305 -689 602 494 108
2001 3,326 4,655 -1329 577 47 100
2002 3,260 4,872 -1,612 607 503 104
Fuente: Elaborado en base al cuadro 7.2 y 7.1 de Puyana y Romero, 2005: 154
Los precios para los productos agropecuarios han tendido a disminuir, con el argumento gubernamental de equiparación con los precios internacionales. Además, el bajo precio de las materias primas que consiguen las empresas transnacionales en los países subdesarrollados les da una ventaja diferencial sin considerar las difíciles condiciones del agro mexicano. En 1999 mostraron un deterioro para algunos de los más importantes cultivos, en maíz de 58.32%; el frijol de 47%; en trigo 24%; soya 22% y sorgo 25.2% (Rubio, 2004b). En consecuencia, casi todos los cultivos han experimentado una creciente importación en los últimos veinte años. Considerando la tasa media de crecimiento anual de importación de los principales cultivos, medida en toneladas métricas, durante el periodo 1980 a 1990 y 1990 a 1999. Tenemos, para el caso de maíz, un aumento en la importación del 0.8% al 3.3%; en el caso del frijol de -2.9% al -9.8% ; en arroz del 4.8% al 10.2%; en trigo de -8.3% al 17.2%; en soya de 5.3% al 14.2%; en sorgo de 24 a 5.1%; y en semilla de algodón se pasó de -10-4% a 12.1% (Rubio, 2004b). De acuerdo con datos más recientes de la secretaría de economía comparando las importaciones agropecuarias en miles de dólares entre 1993 a 2003 se observa un aumento en los principales productos. El maíz pasó de 25, mil 223 a 690, mil 339 dólares; el frijol de 3, mil 938 a 39,982 dólares; en arroz con cáscara “paddy” de 36, mil 570 a 120, mil 694 dólares; el trigo de 221, mil 240 a 559, mil 584 dólares; en la soya de 483, mil 947 a 747, mil 637 dólares; en sorgo de 380, mil 314 a 392, mil 121 dólares (Puyana y Romero, 2005)
Por otra parte el maíz, frijol y lácteos deberían tener protección arancelaría hasta el 2008, sin embargo en 1995, 1996 y 2001, durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el primero de Fox, se importaron excedentes de maíz por más de 3 millones de toneladas. En 1995 y 1996 se importaron más de 3 millones de toneladas no autorizadas. En 2001 se importaron cinco millones, 654 mil 721 toneladas, cuando se habían autorizado tres millones, 166 mil, 922 toneladas, con un excedente de dos millones, 487 mil, 789 toneladas. En 2002 se importaron 4 millones 500 mil toneladas con un excedente de 3 millones, 261 mil 930 toneladas. Como consecuencia de las importaciones de Maíz y frijol se calcula que el país ha tenido una pérdida fiscal de más de 2 mil 877 millones de dólares (Jornada, 03-03-03).
En el caso de los cultivos tradicionales de exportación como el café y la caña de azúcar, piña, tabaco o algodón atraviesan por el control de precios y sustitución de la producción local, principalmente por la importación o por otros productos (Rubio, 2004b). En el caso del café se utilizan dos mecanismos para imponer bajos precios a los productores. En la primera, los países compradores colocan en el mercado sus excedentes y con ello se reducen los precios internacionales. En la segunda, las empresas transnacionales como Nestlé, importan café de Vietnam, de la variedad Robusta, que es de peor calidad que la variedad arabica de México. Entre 1990 a 2000 los precios descendieron a una tasa de -0.5% anual y con ello se provocó el descenso en la producción de 308 mil toneladas a 292 (Rubio, 2004b)
En el caso de los piñeros, en julio de 2001, la SAGARPA ya se había comprometido a aumentar los aranceles a la importación de piña de Tailandia, de 23 a 45% del valor del producto que se ofrecía a precios muy bajos. El cultivo de la piña es realizado por unas 10 mil familias de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Tamaulipas y Estado de México, la mayoría de ellos cayeran en cartera vencida. Ante la importación indiscriminada, el precio de la fruta descendió a 10 y 15 centavos por kilogramo, provocando que 20 mil toneladas no pudieran ser comercializadas a finales de 2001, dejando en la pobreza a ocho mil 400 productores de nueve estados, con una superficie total sembrada de 11 mil 600 hectáreas. Sin embargo para enero, se encontrarían en riesgo otras 500 mil toneladas (La Jornada, 04 -08-2001).
La caña de azúcar genera más de 440 mil empleos en el país. En su producción participan casi 150 mil cañeros y en general puede decirse que de esa industria dependen 2.5 millones de mexicanos. En los años setenta y ochenta, el gobierno intentó mitigar el problema de descapitalización y obsolescencia de los ingenios con procesos de estatización de la mayor parte de ingenios del país. Después de 1988, Carlos Salinas de Gortari inició el proceso de privatización de 67 ingenios azucareros. Esa privatización ocasionó un deterioro en las formas de control político gremial, así como el deterioro en la calidad de vida de los productores de caña (Mestries, 2000). La desaparición de Azúcar S.A., en 1990, que comercializaba el dulce y, en 1993, la importación masiva saturaron el mercado nacional y ocasionaron una existencia mayor que la producción. En ese año, con el TLCAN, el gobierno negoció la importación de alta fructuosa de maíz con un arancel del 15%. La apertura comercial, en 1994, ocasionó el reemplazo del consumo de azúcar por el jarabe de alta fructuosa por parte de grandes empresas, como en el caso de la industria refrequera. A pesar de la privatización continúo el endeudamiento debido a la especulación y el desvío de las ganancias. La crisis de 1994-95, nuevamente afectó a ésta industria y el gobierno de Ernesto Zedillo rescató a dicho sector mediante el llamado Fobazúcar. Por ejemplo, entre 1995 y 1997 la Financiera Nacional Azucarera (Fina) otorgó al Grupo Caze, dirigido por Enrique Molina, 2 mil millones de dólares como subsidios para fomentar las exportaciones. Sin embargo se le encontraron manejos irregulares en las cuentas de dicha empresa (Espinoza, 2004).
En el 2000, el 20% de ingenios se encontraba en quiebra a consecuencia de la saturación del mercado interno y la disminución de los precios entre 1999 y 2001 en un 22% en términos reales (Espinoza, 2004) Para dar la puntilla a la industria Vicente Fox, eliminó el impuesto del 15% a la importación de alta fructuosa, azúcar de derivado de la caña de maíz. La producción de alta fructuosa resulta entre 30% y 40% más barata que el azúcar ya que cuenta con subsidios por el gobierno de Estados Unidos. En marzo de 2001 había una nueva crisis en el mercado del azúcar que ocasionó una sobreoferta interna y la caída de los precios, provocando pérdidas millonarias en la industria del dulce ante lo cual se vieron imposibilitadas para pagar las liquidaciones a los cañeros (La Jornada, 10-07-2001) Frente a tal situación, el gobierno foxista, estatizó 27 ingenios, el tres de septiembre, alegando que las deudas de dichos ingenios se encontraban por encima del precio de su activo, al tiempo que presentaban ausencia de liquidez, y manejos irresponsables por parte del gobierno federal en otros sexenios. El gobierno justificó la estatización para fines de saneamiento financiero y con la mira de ser vendidos nuevamente al sector privado en 2001 . Para alguno puede ser vista como una salida populista del régimen, pero en la práctica se trata de un nuevo rescate financiero a los empresarios ineficientes o fraudulentos (La Jornada, 04-009-2001).
La situación de los productores de café también ha sido muy difícil en la medida en que los precios internacionales del aromático han descendido en los últimos años. Entre 2003 y 2004, se les llegó a pagar a cada productor hasta un peso por kilo de café cereza. Tal panorama se origina principalmente por el control de unas cuantas transnacionales, como la Nestlé quien importa café, cuya calidad es inferior a las variedad arabica que predomina en nuestro país. Dichas empresas se encargan del proceso de torrefacción, además los países comparadores cuentan con probadas reservas de café el cual estratégicamente sacan de sus bodegas para presionar los precios a la baja; por otra parte el precio se decide además en las bolsas de valores de Nueva York o Londres mediante la especulación. De tal suerte que no es el libre mercado quien fija los precios del aromático sino que éste se decide gracias al monopolio de las transnacionales y la especulación (Rubio, 2004b).
A finales de 2004 el Congreso aprobó la Ley de Desarrollo Sutentable cañera y cafetalera. El gobierno foxista continuó desmantelando a las pocas instituciones que aún atendían a los productores cafetaleros, como en el caso del Consejo Mexicano del Café, que sustituyó, a su ves, al Instituto Mexicano del Café, tenía por objetivo la integración de la cadena productiva, productores, comercializadores y exportadores e industriales, quedó desintegrado en 2004. Para enmendar el problema, la Sagarpa intentó, en 2005, la organización del Sistema Producto Café. Se diseñaron algunos programas para apuntalar a los productores como: el Fondo de Estabilización de Precios, el Programa de Fomento Productivo y el de Apoyo a Proyectos Integrales. Sin embargo, el presupuesto no se ejerció en su totalidad. Así, de mil, 600 millones de pesos otorgados, solo se ejerció menos de la mitad de ellos en 2005, de acuerdo con Fernando Celis, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) (Antonioni, 2006).
La excepción en el campo mexicano han sido los cultivos dinámicos no tradicionales como flores, frutas, legumbres y hortalizas. Las dos últimas tuvieron un crecimiento de 10.35% anual de 1990 a 1999. Sin embargo, únicamente acceden a dichos cultivos los grandes productores. Por ejemplo, de 100 mil agricultores, solamente 20 mil son exportadores (Rubio, 2004b).
Es claro que los beneficiados del TLCAN han sido las empresas transnacionales y las importadoras de alimentos. De acuerdo con un estudio de Laura Sánchez, investigadora de la UNAM, las transnacionales como Grupo Sigma, de alimentos, Sabritas, Panamco México, Pepsi-Gemex. Bristol-Myers Squib de México, Cargill, Continental Multa Texco. Mayer y Pilgrims Pride, Wall Mart, Viz, Dupont y Monsanto, entre otras, dominan el mercado alimentario del país controlando, la producción y comercialización de los sectores agroindustrial, agroquímico, de granos y semillas (Jornada, 18-04-03). También, en México, han salido favorecidas, por la importación de alimentos baratos, un puñado de empresas agrocomerciales como Bimbo, Pulse, Maseca, Bahoco y Lala entre otras. Maseca y Minsa que concentran el 95% del mercado de la distribución de maíz a las tortillerías y han sido señaladas como responsables por el aumento en más del 80% al precio de la tortilla del maíz en 2007.
Los grandes problemas de los campesinos pobres fueron en realidad poco atendidos o plenamente abandonados. La política agropecuaria foxista se caracterizó por continuar con el proceso de retiro del estado como promotor del desarrollo agropecuario. Parte del peso que tuvieran antes las instituciones federales de apoyo al campo, ahora se pasaban a las organizaciones rurales con la modalidad de los llamados sistemas productos. Así, el 3 de mayo de 2005 se dio a conocer la organización de 25 sistemas producto agrupados en el Consejo Nacional de Productores Agrícolas que surgió con la idea es solucionar los problemas de representatividad, organización y apoyos jurídicos ante las instituciones del sector agropecuario.
En síntesis, podemos decir que el gobierno de Vicente Fox no hizo mucho por revertir la surte de más de tres millones de productores que desde 1994 han tenido serios problemas para la comercialización de sus productos debido a la caída de precios internacionales y a las desventajas competitivas con Estados Unidos y Canadá, por la limitada rentabilidad de sus productos .

2.- Seis años de movilizaciones rurales en el sexenio del cambio
A partir de información de la base de datos hemerográfica sobre movimientos campesinos elaborada por el Grupo de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco , durante el periodo de 2003 a 2005, se reporta que se produjeron movilizaciones rurales, agrupadas en cuatro categorías: búsqueda de acuerdos; movilizaciones de masas; acciones directas disruptivas y acciones campesinas principalmente en Morelos (84), Chiapas (74), Distrito Federal (65), Quintana Roo (56), Estado de México (28), Oaxaca y Veracruz (23) (Véase cuadro 3)
Cuadro 3 Relación entre Acciones por entidades en donde se producen los movimientos campesinos: 2003 a 2005
Acciones*
Estado Acciones de fuerza Acciones directas disruptivas Movilizaciones de masas Busqueda de acuerdos Total %
Baja California Norte 1 4 0 2 7 1.4
Chiapas 11 16 13 34 74 15.3
Chihuahua 0 0 0 2 2 0.4
D.F 4 17 8 36 65 13.4
Guerrero 8 7 0 3 18 3.7
Hidalgo 3 1 0 6 10 2.0
Jalisco 0 4 0 1 5 1.0
Edo. Mex. 7 6 2 13 28 5.8
Michoacan 3 1 2 1 7 1.4
Morelos 18 30 5 31 84 17.3
Nayarit 3 0 0 0 3 0.6
Nuevo León 2 5 0 14 21 4.3
Oaxaca 2 0 7 14 23 4.7
Puebla 0 4 0 4 8 0.1
Queretaro 0 0 0 1 1 0.2
Quintana Roo 2 1 14 39 56 11.5
Sonora 0 0 0 5 5 1.0
Tabasco 1 2 1 0 4 0.8
Tlaxcala 0 0 0 1 1 0.2
Veracruz 3 5 3 12 23 4.7
Zacatecas 0 3 0 8 11 2.3
Otros 2 0 3 22 27 5.6
Total 70 106 58 249 483 100
Fuente: Base de datos hemerográficos (Sub base Movimientos Campesinos periodo 2003 a 2005), Grupo de Sociología Rural, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. * Nota: El cuadro incluye información de la sub base sobre Movimientos Campesinos durante el periodo 2003 a 2005.

Excluyendo al D.F., que es el lugar de destino de las movilizaciones, con el 13.4% y Quintana Roo, en donde se protagonizó en Cancún la protesta contra la cumbre de la OMC, con el 11.5%, podemos observar que la incidencia de acciones rurales coincide con los estados productores de maíz, café, piña, arroz, trigo, frijol y azúcar. En forma descendente tenemos: Chiapas, 15.3%; México, 5.8%; Oaxaca, 4.7%; Guerrero, 3.7%; Veracruz, 2.3%; Zacatecas, 2.3%; Sonora, 1%; Nayarit, 0.6%; Chihuahua, 0.4%; Tabasco, 0.8%; Tlaxcala, 0.2% y Puebla, 0.1% que juntos concentran el 37.2% del total de las movilizaciones.
En un análisis regional observamos que los movimientos rurales tienden a concentrarse, durante dicho periodo, en el centro, seguido del sur y del norte. En todos los casos el tipo de acción que predomina es la búsqueda de acuerdos. El mayor número de movilizaciones los encontramos en la región centro y en particular se trata de las movilizaciones con marchas, plantones y mítines en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en la Cámara de Diputados (Véase cuadro 4).
Cuadro 4 Relación entre Tipo de Acciones por región de los movimientos campesinos durante el periodo: 2003 a 2005
Tipo de Acciones

Regiones Acciones
de fuerza Acciones directas
disruptivas Movilizaciones
de masas Búsqueda de
acuerdos Total %
Norte 5 12 0 39 56 12.4
Centro 38 63 17 94 212 45.6
Sur 27 31 38 101 197 31.6
Total 70 106 55 234 465 100
Fuente: Base de datos hemerográficos, Sub base Movimientos Campesinos periodo 2003 a 20059, Grupo de Sociología Rural, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. Nota: los datos del cuadro 1 y 2 difieren en que en el cuadro 2 se eliminó el rubro de otros y los datos perdidos.

Desde los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox, en 2000 y 2001, copreros en Guerrero, piñeros en Oaxaca, Tabasco y Veracruz, maiceros y trigueros en Sonora y Sinaloa, los sorgueros en Tamaulipas, los agricultores relativamente acomodados de Chihuahua, entre otros, protagonizaron una lucha por el subsidio necesario argumentando que la importación de productos agropecuarios a bajos precios de los Estados Unidos ocasionaba una competencia desleal. Realizaron protestas más o menos radicales, que fueron desde las tomas de las instalaciones de Pemex en Sinaloa, hasta la detención de camiones que importaban mercancía agrícola en Chihuahua y su devolución hacia la frontera, o tirar piña y copra en Guerrero y Oaxaca, al lado de lo que son movilizaciones o protestas de corte tradicional, históricas, como las que se han venido sucediendo en la Montaña o en la Costa Grande de Guerrero. A finales de 2001, algunas de estas organizaciones se agruparon en el Frente Nacional en Defensa del Campo, con influencia de la CNC, afiliada al PRI. En el punto álgido de dicho conflicto, en diciembre de ese año, grupos de campesinos se manifestaron en la ciudad de México vendiendo sus productos a bajo precio en el Zócalo, en delegaciones y mercados populares. Los Trigueros de Sinaloa, de El Barzón y del Frente Democrático Campesino, participaron en un plantón frente al Palacio Legislativo de San Lázaro el 15 de diciembre (La Jornada, Ojarasca 52 agosto 2001).
Las autoridades del ramo desconocieron los acuerdos hacia los piñeros, café, arroz, ganadería, hule, y otros productores agropecuarios, en el sentido de respetar los aranceles y vigilar los cupos de importación, que incidieron en una crisis de precios a consecuencia de la importación. Por su parte el Congreso Agrario Permanente, agrupación campesina creada en 1988, en medio de profundas divisiones internas y entre dirigencias y sus bases, ya no operaba como un mecanismo de contención de las organizaciones campesinas frente al estado, puesto que la Sagarpa ya no consideraba, en los hechos, a dicha instancia como un interlocutor. En algunos casos el secretario de agricultura negoció con ellos algunos productores apoyos específicos, por la naturaleza de dichos apoyos éstos se entregan de manera discrecional con la intención de contener las movilizaciones sociales.
Las movilizaciones de 2000 y 2001 pueden ser consideras como el primer ensayo general del los campesinos en contra del proyecto neoliberal y de los efectos negativos del TLCAN. A finales de 2002 y 2003 nos encontramos con el frente rural denominado: “El Movimiento el Campo no Aguanta Más” que, aprovechando la experiencia de 2001, así como la coyuntura económica (asignación del presupuesto en diciembre de 2001) y política (las elecciones federales para elegir diputados federales en julio de 2003). Las principales formas de protesta social fueron las manifestaciones en la plaza de la Constitución, toma de oficinas, cierre de carreteras. Finalmente el gobierno foxista firmaría, el 28 de abril de 2003, el Acuerdo Nacional para el Campo. El gobierno firmó pero cumplió “a cuenta gotas”, lo que llevó al desgaste de las movilizaciones y a división. Aunque se logró aumentar los recursos, y comprometer al gobierno para vigilar los cupos en las importaciones, lo cierto es que en el 2008 se importarán productos como el maíz y el frijol, libres de aranceles y probablemente otro momento de luchas sociales.
Lo que da identidad al movimiento es la lucha con el “otro” que es el Estado, las instituciones oficiales como Sagarpa o la secretaría de Economía o Hacienda, las principales instancias encargadas de conducir la política agrícola del país. Pero resulta un rasgo novedoso la lucha y las manifestaciones ante el Congreso, ya que es el lugar en donde se asignan los presupuestos sectoriales.
2.1 Los maiceros y la lucha como campesinos por la sobrevivencia
En julio de 2001, en Guasave, Sonora los maiceros convocaron a la organización de productores conformándose el Frente Nacional de Defensa de Productores del Campo a la que respondieron la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, la Federación en el Estado de México, el Centro de Estudios sobre el Campo Mexicano. En Tamaulipas los maiceros protagonizaron un conjunto de movilizaciones para presionar por el agua y los precios con: toma de casetas de cuota en carreteras, bloqueo de instalaciones de Pemex, entre otras. Jaime Peña considera que dichas acciones rurales no tenían un eje coordinador, sino que cada agrupación decidía el tipo de acción por su cuenta (Peña, 2004). Productores de maíz de 21 entidades, a finales de octubre de 2001, conformaron el Consejo Mexicano de Maíz, para hacer frente a la descapitalización y a la baja rentabilidad, así como denunciar los efectos negativos del TLCAN en contra de casi dos millones y medio de campesinos que cultivan el grano, debido a la importación masiva de maíz (Peña, 2004)
2.2 Los piñeros y el sacrificio de la vaca “Joaquina”
En agosto de 2001, unos mil 500 productores de piña y uva realizaron cierres de carretas federales en los estados de Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, en donde tiraron en el asfalto 20 toneladas de la fruta tropical con el propósito de exigir un precio justo por tonelada y el freno a la importación. Ante la falta de atención por parte de la Sagarpa, decidieron trasladarse, en nueve camiones hacia la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, con cinco mil latas de piña procesada para ser vendidas en el Distrito Federal. Así el 11 de agosto protestan los piñeros presionados ante el inminente retiro de aranceles a la fruta de Costa Rica y Tailandia, pese a que meses antes el gobierno había aprobado un aumento de los aranceles de 35% a 45% (La Jornada, 04 -08-2001).
El 9 de octubre, el secretario de la Sagarpa, Usabiaga, se opuso a la entrega de $ 149 millones a piñeros aprobado por la Cámara de Senadores para dar solución al problema de piñeros, con hasta 10 hectáreas (La Jornada, miércoles 10 de octubre de 2001). Esa situación ocasionó la inconformidad de los piñeros, de modo que el 14 de noviembre llegaron de nuevo a la Ciudad de México los productores de piña, procedentes de Oaxaca y Veracruz, miembros del Frente nacional para la Defensa del Campo Mexicano. Hicieron un plantón frente a las oficinas de la Sagarpa y se les unieron en la lucha productores de los estados de México, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, y Tlaxcala exigiendo mayores recursos para el agro. El 14 de noviembre, sacrificaron frente a las oficinas de la Sagarpa en insurgentes a la vaca “Joaquina”. El ritual del sacrificio y la protesta se unieron para presionar a las autoridades por la solución a sus demandas. Entonces Javier Usabiaga, llegó al acuerdo de canalizar 140 millones a los piñeros, sin embargo, únicamente se canalizaron 28 millones que beneficiaron a un 30% de productores con más de 300 hectáreas y recursos, dejando al 70% de productores en la misma situación.
En el mes de diciembre continuaron las acciones de protesta a cargo de unos dos mil piñeros de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, en donde se cultiva un 90% de la fruta. Rangel Espinoza, presidente del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano advertía que el gobierno no cumplió con lo pactado en noviembre. Entonces llegaron dos mil piñeros en 60 camiones con 15 toneladas de piña cada uno para comercializar en el Distrito Federal en 25 puntos. Hicieron un plantón frente al Palacio Legislativo desde el 12 de diciembre y tomaron oficinas de la Sagarpa el día 20 con una muralla de piñas frente a la entrada principal. El 21 amenazaron con sacrificar a la vaca “Joaquina” o la amenaza de sacrificar a otras dos vacas más. La principal demanda consistía en que el congreso asigne una partida especial de 453 millones de pesos para rescatar a los piñeros. Los agricultores exigieron la entrega de mil pesos por hectárea del Programa de Empleo Temporal (PET) comprometidos por el gobierno federal desde el pasado 7 de septiembre, la creación de un fondo de garantía y que la subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa cumpliera el compromiso de gestionar ante la banca la renegociación de las deudas, carteras vencidas de los productores y los requerimientos de cobro. A mediados de noviembre la Sagarpa únicamente había ofrecido $ 2.5 millones de pesos. La Sagarpa absorbería los intereses del adeudo y fungiría como aval de los 2 mil 763 productores pertenecientes a la Unión de Sociedades Rurales de Producción de la cuenca del Papaloapan.
El 27 de diciembre ya había un pacto entre piñeros y la Sagarpa. Hubo 15 grupos de productores solidarios para ser sujetos del Fideicomiso de Riesgo Compartido, así como la reactivación del Fondo de Apoyo al Cultivo de la Piña en el que participaría Banamex, realizaría la supervisión de nuevas plantaciones; la comercialización en el D.F.; mecanización y mayores exigencias a la revisión fitosanitaria de la piña importada. (El Universal, Aguirre, Mayra y García, Adriana, “Logran piñeros acuerdo”, Nación, página 5). El 27 de diciembre de 2001, se anunció un apoyo emergente para piñeros por $ 125 millones de pesos, para entregarse el 7 de enero de 2002 y créditos para cada uno de los campesinos, por un monto de 17 mil pesos por hectárea, y hasta un máximo de cinco. Pero en enero de 2002 aún había inconformidad. El dirigente de los piñeros, Victorio Martínez Malpica, señaló que de un total de 53 millones prometidos por el gobierno, únicamente han recibido 27 millones debido a los intermediarios y caciques. A mediados de enero comercializaron mil 500 de las 600 mil toneladas de piña provenientes de la región del Papaloapan en 35 puntos de venta que les facilitó el gobierno capitalino. Esto último sería una constante en las acciones del gobierno foxista a lo largo de su gobierno: el cumplimiento “a medias”.

2.3 El movimiento cañero y la expropiación de 27 ingenios
La industria azucarera en México ha sido acompañada por situaciones de crisis y movilizaciones cañeras a lo largo de su historia. El eje de la lucha de los cañeros se dirigió, desde los años setentas y ochentas, hacia el aumento de sus ingresos, vía la lucha por el precio; lucha de los cortadores de caña por el aumento al salario; así como la lucha por la democracia y contra la imposición política (Bartra, 2003).
Los productores cañeros también se manifestaron desde 2001 ante la situación de crisis que atravesó dicha industria, como resultado de los efectos del TLCAN, y que derivó en la nacionalización de varios ingenios azucareros. Aunque se trató más bien de un rescate a los empresarios azucareros. El movimiento cañero se expresó entre abril y agosto de 2001 con marchas en la Ciudad de México; desplegados, toma de ingenios, toma de oficinas y el 23 de agosto el bloqueo en la carretera del Sol, que comunica a la Ciudad de México con Acapulco, señalando que 60 ingenios adeudaban 4 mil millones de pesos (Jornada, 24-08-07). En abril de 2001, cuando cañeros de San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Nayarit, Michoacán y Puebla. En la Ciudad de México, exigieron al presidente Vicente Fox la revisión del proceso de privatización, el cual adujeron estuvo plagado de irregularidades y corrupción (El Informador, 18 abril 2001). En julio el secretario de Sagarpa anunció líneas de crédito para los cañeros por parte de Banrural. (La Jornada, 11-07.2001) El 8 de julio 500 cañeros de 11 estados del país bloquearon las instalaciones de las secretarías de: Hacienda, Economía y Sagarpa en demanda de 2 mil 500 millones de pesos comprometidos con Bancomex para garantizar su pago, además señalaron que 60 ingenios adeudaban 4 mil 200 millones de pesos a cañeros; y tomaron la autopista del sol el 23 de agosto de 2001 (La Jornada, 24-08-2001). En 2001 los cañeros demandaron desde junio de 2001 el pago de 4 mil 500 millones de pesos que les debían los ingenios. El 3 de septiembre de 2001 el presidente Fox expropió 27 ingenios, en un acto de salvamento de los empresarios que después daría marcha atrás.
El 2 de marzo de 2002, tres mil cañeros de filiación priísta realizaron una marcha en Xalapa para exigir al gobierno federal la supresión temporal del impuesto a la alta fructuosa (El Economista, 03-03-2002) El 4 de mayo el líder de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blakaller, denunció que Estados Unidos se niega a recibir azúcar de México, violando el TLCAN, lo que ha ocasionado pérdidas por mil 300 millones de pesos (Excelsior, 05-05-2002)
En las movilizaciones cañeras destaca la participación de cinco uniones cañeras, entre ellas la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNC-CNPR); o la Unión Nacional de Productores de Caña, filiales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de filiación priísta y con un carácter corporativista y que dirigen la lucha para exigir el subsidio estatal, así como el mayor control para que el gobierno controle las importaciones de azúcar y de alta fructuosa.

2.4 El campo no Aguanta Más. ¡Sin maíz no hay país!
Ante el inminente corte de desgravación del TLCAN, en enero de 2003, para todos los productos agropecuarios, insumos y productos manufacturados, a excepción del maíz, frijol, azúcar de maíz y leche en polvo, productos que quedarían protegidos con aranceles y cuotas de importación hasta el 2008 , varias organizaciones rurales plantearon la necesidad de la organización con el propósito de revertir las condiciones de asimetría con Estados Unidos y Canadá, exigiendo mayor presupuesto agropecuario (Schwentesius, 2003).
Las movilizaciones campesinas más importantes del sexenio las constituyeron las acciones en torno al Movimiento el Campo no Aguanta Más, dicho movimiento es multiclasista, por lo cual se hace evidente su carácter de nuevo movimiento social. Es un movimiento identificado por problemas económicos, pero en el que emergen las identidades de productores rurales, constituyéndose como un frente de lucha, más que por una sola organización. El sector dominante de las organizaciones son los productores grandes y medianos rurales (productores de granos, oleaginosas y cárnicos vulnerables a los efectos del libre mercado ante las importaciones de estos productos permitidas por las autoridades), algunos de ellos con alguna profesión vinculada al campo, así como grandes y pequeños empresarios agrícolas y agrocomercializadores, con capacidad de movilización. También se encuentran incluidos los campesinos más pobres, pero no guían al movimiento. El motor del movimiento lo constituyeron doce organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Campesinas A.C. (ANEC), la Asociación Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), doce organizaciones que conforman el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Barzón que agrupa a productores grandes y medianos que sufrieron las consecuencias indeseables de los efectos financieros de diciembre de 1994 que ocasionó que las instituciones bancarias aumentaran la tasa de interés y la secuela de embargos a los deudores de la banca, lo cual ocasionó movilizaciones en todo el país. Las organizaciones más importantes fueron creadas en los últimos veinte años tales como El Barzón o el Congreso Agrario Permanente (CAP) . Desde el inicio de las movilizaciones rurales surgieron acciones que diferencian a estas luchas de otras protagonizadas por organizaciones campesinas: Lograron tejer alianzas estratégicas entre agrupaciones rurales divergentes. Con lo que más que un movimiento homogéneo se trata más bien de una agrupación de coyuntura en la que participan: MCNM, CAP, CNC, El Barzón y Unorca, entre otros. La acción directa se convirtió en la principal forma de lucha ya que por ejemplo utilizó la toma simbólica de garitas y puntos de paso de los productos importados; desde sus inicios contó con la cobertura de los medios de comunicación (radio, televisión y prensa) a diferencia de otras épocas de lucha social; otro elemento novedoso consistió en la búsqueda de legitimidad de su causa al realizar el cabildeo y difusión de lo justo de sus demandas hacia otras organizaciones: instituciones oficiales, instituciones religiosas, partidos políticos, legisladores y a la misma opinión pública (Sánchez, 2004). La controversia entre el gobierno y los campesinos, de manera inusual, acaparó la atención de los medios de comunicación: televisión, radio y prensa escrita. Algunos líderes campesinos tuvieron varias reuniones con la alta jerarquía eclesiástica. Además la relación entre gobernadores, los líderes nacionales de los partidos políticos, diputados y senadores, en particular del PRI y del PRD, no dejaron de participar en el transcurso de las movilizaciones. De acuerdo con la insistencia de la dirigencia campesina por incidir en la opinión pública podemos decir hay elementos para caracterizar a dichas acciones como parte de un nuevo movimiento social.
A fines de noviembre de 2002 había una coyuntura muy especial: además la entrada en vigor de una nueva etapa del TLCAN, se presentaba la próxima discusión del presupuesto de egresos de la federación en la Cámara de diputados; y, no menos importante, la realización de elecciones federales en julio de 2003 en la que los partidos políticos disputaban por aumentar el número de diputados y así asegurar la mayoría en el Congreso (Calva, 2004; Sánchez, 2004).
El conjunto de productores afectados por las condiciones desfavorables de competencia frente a E.U. y Canadá percibieron que el momento era coyuntural para incidir en retirar al maíz del TLCAN, considerando las repercusiones económicas, políticas, sociales y culturales de éste grano y que se expresaba en el lema: El Campo no Aguanta Más o en la frase: “Sin maíz no hay país” (Apendini, 1988; Bartra, 2003; Rubio, 2004; Sánchez, 2004). El 12 de noviembre, 12 organizaciones campesinas nacionales y regionales lanzaron un manifiesto a la nación titulado: “El Campo No Aguanta Más. Seis Propuestas para la Salvación y Revalorización del Campo Mexicano”. Las seis propuestas eran: 1) Renegociación del apartado agropecuario del TLCAN; 2) Plan emergente para 2003 y de largo plazo con horizonte a 2020 para una reforma estructural del sector agropecuario elaborado por una Comisión de Estado con participación del Ejecutivo, del Legislativo, de los centros de investigación y de educación superior y de los productores; 3) Incremento al presupuesto para desarrollo rural del 0.6% al 1% del PIB; 4) Orientación de la nueva financiera rural como banca social; 5) Calidad e inocuidad en los alimentos para los consumidores mexicanos; y 6) Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura de los pueblos indios (El Universal, 13-11-02) Cabe destacar aquí el tema de la renegociación del TLCAN, la exigencia de mayores recursos al campo y de la elaboración de un plan a corto y largo plazo, pero también la preocupación por la calidad de los alimentos y la recuperación de las demandas de los indígenas, elementos propiamente posmodernos, característica de los nuevos movimientos sociales. En el fondo se trata de elementos relacionados con valores universales como los derechos humanos, la calidad de vida y con las garantías de subsistencia a largo plazo de una parte de la sociedad.
El manifiesto sirvió para dar nombre a dicha agrupación y la unificación de la diversidad de las organizaciones rurales, incluyendo agrupaciones sindicales y religiosas. Se puede destacar que desde éste momento los medios de comunicación dieron una puntual cobertura de las acciones emprendidas por las luchas rurales que apenas comenzaban.
Las acciones emprendidas por el frente de lucha consistieron en acciones en el marco institucional, pero también disruptivas del orden social, que iban desde amenazas de movilizaciones, la realización de marchas y huelgas de hambre. Hasta otras como el cierre de garitas y puntos de paso de los productos importados (El Universal, 13-11-02).
De noviembre a diciembre continuaron las movilizaciones rurales, destacan: la tomas de garitas; las marchas al zócalo y/o toma simbólica de oficinas como SAGARPA, la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda y Economía. Huelgas de Hambre en el monumento a la independencia a fines de diciembre (Sánchez, 2004). El Movimiento el Campo no Aguanta Más comenzó a tejer una amplia red de alianzas con organizaciones políticas, sindicales y sociales (La Jornada, 4-12-2002). El acercamiento con partidos políticos, en particular con legisladores y presidencias del PRI y el PRD. Incluso lograron establecer una importante alianza estratégica, con la CNC filial del PRI. Además establecieron compromisos importantes con las dirigencias de organizaciones de electricistas, petroleros, con la UNTA, entre otras agrupaciones. Rosario Robles, presidenta nacional del PRD, comprometió el respaldo del PRD a la causa campesina en protesta por la “asfixia” que sufría el campo (Reforma, 20-11-02). De todas estas acciones rurales se puede destacar dos acciones: la primera, cuando integrantes del Barzón y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresan el 10 de diciembre al recinto parlamentario, algunos de ellos montados a caballo, como protesta y presión para lograr la moratoria. Para ello quemaron y forzaron las puertas del recinto parlamentario para lo cual los medios de comunicación y la bancada panista no tardaron en desacreditar dicha acción culpando al PRD como el principal incitador. Las reacciones no se hicieron esperar: dicha acción, que caracterizamos como una acción disruptiva, reavivó las acciones rurales en todo el país; el congreso fue obligado a dirigir su atención al problema campesino; por su parte el gobierno fue presionado a hacer ofrecimientos, con tal de disminuir las tensiones sociales, aunque varios de los participantes fueron acreedores a juicios judiciales por parte de la Secretaría de Gobernación. Además atrajo la atención de la prensa y la opinión pública pero sirvió de preámbulo para que ingresara en la agenda pública (El Universal, 11-12-02). La segunda, cuando la noche del 31 de diciembre concluyó con un ayuno por parte de los integrantes de “El Campo no Aguanta Más” y nueve organizaciones solidarias en el puente Internacional de Ciudad Juárez donde lograron inhibir el paso de productos agropecuarios ya que ahí ingresan entre 5 y 6 tráileres por minuto (La Jornada, 16-01-2003).
Sin duda la acción más importante lograda por el frente campesino cuando, el viernes 31 de enero, se realizó la Mega Marcha Campesina en la Plaza de la Constitución. Más de 100 mil personas acudieron al Zócalo, desde los grandes productores que llegaron hasta con sus tractores, así como los medianos y pequeños productores; los indígenas del EZLN; los contingentes de la CNC, así como los del Barzón, Unorca, la CCC, de un total de unas veinte grandes organizaciones rurales. En algunas de las pancartas se leía la frase: ¡sin maíz no hay país! En otras se encontraba la frase que era el lema de la campaña y resumía el eje de la lucha rural: ¡Salvemos al campo para salvar a México! Ahí estaban todos los productores rurales representando a alrededor de 23 millones de mexicanos que viven del campo.
Llegaron contingentes de varias entidades del país, en demanda de revisión del TLCAN y de mayores apoyos al campo. Los oradores exigieron la demanda de renegociación del TLCAN, acuerdos paralelos; implementación de política agropecuaria a largo plazo; acuerdos migratorios; respeto a derechos humanos de campesinos y emigrantes; y alto a la persecución y encarcelamiento de dirigentes. (La Jornada, 01-02-03). Para mitigar los ánimos el gobierno propuso un “Diálogo Nacional para una Política de Estado Hacia la Agricultura” a finales de febrero y principios de marzo.
Por fin el lunes 28 de abril se firmó el esperado Acuerdo para el Campo en medio de una situación muy tensa entre los actores participantes de tal modo que varios temas quedaron fuera de la agenda: la renegociación del TLCAN y exclusión de maíz y frijol; la reforma agraria para proporcionar certeza jurídica a la propiedad rural; la creación de una Ley de Amnistía para los más de 300 campesinos procesados. Las principales líneas del acuerdo para el campo fueron: a) construcción de un Fondo Nacional de Vivienda Rural; b) Incorporación de nuevas hectáreas al padrón de Procampo, estimando una asignación de 650 millones de pesos; c) la creación de un fondo de 500 millones de pesasen apoyo a adultos mayores de la zona rural; d) el otorgamiento de 100 millones de pesos para ampliar los apoyos de programas productivos de las mujeres; e) invitación a los gobernadores para invertir los recursos por excedentes petroleros en programas de ampliación y mantenimiento de infraestructura rural; f) reestructuración de la cartera vencida agropecuaria, foresta, pesquera y rural; g) el compromiso de entregar el 31 de diciembre una evaluación del impacto del TLC en el sector agropecuario, para aplicar mecanismos de defensa, incluidos en el acuerdo, para la protección y reducción de asimetrías o prácticas desleales con los socios comerciales; h) inicio de consultas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para cambiar las reglas de comercialización del maíz y frijol, tales como administración de importaciones; i) el compromiso de en 30 días dar a conocer las reglas de operación de los programas incluidos en los Programas Federales Actuales que responde a la Emergencia en el Campo 2003; j) Analizar y promover la reforma a leyes de impacto rural como la Planeación Agropecuaria y Soberanía, la de Desarrollo Rural Sustentable, el marco jurídico de los derechos y cultura indígena. (El Universal, 29-04-03, Jornada, 29-04-03)
Las labores de seguimiento entre comisiones campesinas y representantes gubernamentales cayeron en el terreno pantanoso del burocratismo oficial. Se alargaron los plazos establecidos en el acuerdo; no había avances en las 35 reglas operativas que fueron más allá de la fecha establecida. Hasta julio únicamente había reglas operativas para 7 programas, las reglas operativas de Procampo estuvieron hasta agosto. Debido a lo anterior para agosto no se habían ejercido los 2.8 mil millones de pesos para el fondo de emergencia; en salud no se destinaron recursos por la inexistencia de acuerdos. Lo mismo sucedió con los recursos de desarrollo rural, el Programa de Empleo Temporal, comercialización, conflictos agrarios, vivienda rural, los apoyos a adultos mayores. En los casos del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios y de la mujer había un exceso de requisitos y trámites que excluían a los verdaderos beneficiados. En agosto continuaron las movilizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos: toma de edificios públicos en el Distrito Federal y en unas veinte entidades del país. En esta ocasión las organizaciones rurales no contaron con el apoyo de otras fuerzas sociales y además no participaron todas las agrupaciones, entre ellas El campo no aguanta más, la CNC y el Barzón.
En octubre el gobierno planteo la necesidad de disolución de la Comisión de seguimiento y su transformación en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, argumentando que había suficientes avances, dicha medida tuvo el respaldo de la CNC y el CAP. Con ello los campesinos perdieron la posibilidad de ingerir en las decisiones de política agropecuaria para lo que restaba del sexenio (La Jornada, 01-11-2003)
A partir de entonces el gobierno plantearía un conjunto de medidas que expresaban más el rompimiento de la difícil relación Estado-campesinos. El presidente envió la iniciativa de desaparecer al Colegio de Postgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INFAP) – lugar en el que se realiza la poca investigación agrícola del país – el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural (Inca-Rural) – es el espacio para la capacitación y elaboración de proyectos productivos para el sector social. Además la secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso la reducción del 5% en el presupuesto al campo para el 2004 menor al de 2003. Por último, dando marcha atrás, la secretaría de Economía solicitó la eliminación del arancel de importación del maíz amarillo por arriba del cupo de importación, con ello beneficiaría a las empresas importadoras de granos: ganaderos y empresas transnacionales (La Jornada, 31-12-2003)
La firma del ANC se convirtió en un mecanismo de chantaje moral que obligaba a las organizaciones campesinas a aceptar los términos del acuerdo. Para finales de este periodo el gobierno foxista hacía quedado desacreditado, pero por desgracia las organizaciones rurales se encontraban desunidas y a merced de las “migajas” entregadas por el gobierno “a cuenta gotas” (Rubio, 2004; Calva, 2004; Bartra, 2004; Sánchez, 2004; Mestries, 2004) En 2004 se dio a conocer la desaparición del Movimiento el Campo no Aguanta Más, en medio de una desconfianza entre organizaciones rurales, y ante las denuncias de que el gobierno no había entregado todos los recursos asignados al ANC (Mestries, et al.; 2006)
Entre 2004 y 2006 se suceden varios procesos sociales que únicamente muestran que la situación del campo no había sido superada. A fines de 2004 se anunciaba el desmantelamiento de Banrural para que en su lugar se creara la Financiera Rural con una nueva forma de trabajo en la que se únicamente se entregaría financiamiento a aquellos productores más exitosos. Otro caso fue el anuncio de la desaparición de Procampo ante lo cual la Confederación Nacional Campesina (CNC), por vía de su dirigente, Heladio Ramírez, rechazó la recomendación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de liquidar el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), porque no ha cumplido los objetivos para los que fue creado, en su lugar exigieron el aumento de subsidios al campo (La jornada, 30-05-05).
Debido a una crisis interna en las agrupaciones que conformaron el frente El campo no aguanta más, éste desaparece como tal el 7 de julio de 2004. Aunque decidieron trabajar por las mismas metas aunque de manera individual. Una de las causas principales de la desunión radicaba en que algunas agrupaciones contaban con una doble adscripción, ya que pertenecían, por ejemplo al CAP y El campo no aguanta más. Las agrupaciones del CAP, como CNPA, CODUC, CIOAC, UNORCA y CCC no consideraron necesario salirse de dicho organismo para continuar participando en El campo no aguanta más. A partir de entonces se puede constatar las luchas de cada organización, de manera individual, para exigir que el gobierno otorgara recursos comprometidos en el ANC.
2.5 El veto a la Ley Cañera y la imposición foxista del punto de vista empresarial
Después del asunto de la oposición, por parte del Congreso, en el sentido de que el Presidente Vicente Fox eliminara el impuesto del 20% a la importación de la alta fructuosa; de la situación de crisis de ingenios y cañeros en 2000 y 2001, que culminó con la nacionalización de varios ingenios. Posteriormente los cañeros participaron en las acciones de 2001 junto con otros productores; también participaron, junto con los cafetaleros, en el apoyo al Movimiento el Campo no Aguanta Más, en la búsqueda de apoyos para el campo. Pero la complejidad de este sector rural hacía necesario la revisión a la legislación cañera la que sale por fin se da a conocer en septiembre de 2005.
En 2005 el gobierno foxista parece buscar la revancha con las organizaciones sociales urbanas y de productores rurales. Algunas de las cuales son la represión en San Salvador Atenco y a los maestros de la APPO. El Presidente Vicente Fox y los funcionarios del ramo rechazaron la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, firmada en agosto pasado.
Ante las acciones presidenciales para vetar dicha ley ocasionó movilizaciones por parte de campesinos cañeros y el respaldo de senadores y diputados federales del PRI. Pretendiendo minar el poder de las organizaciones cañeras, Fox propone una legislación en la que los empresarios tendrían las principales decisiones, pero además desconocía la presencia de las agrupaciones cañeras de filiación priístas consideradas como bastiones del viejo corporativismo. Lo anterior provocó la irritación de las organizaciones cañeras contra tales medidas, así que, en julio de 2005, iniciaron movilizaciones de cañeros en contra de dichas medidas y concluyen hasta que el gobierno decide dar marcha atrás a las medidas. Las acciones anteriores parecían dar la apariencia de que el gobierno panista pretendía desarticular los bastiones del corporativismo, sin embargo el intento no le prosperó. El miércoles 27 de julio se manifestaron los cañeros en una marcha en la Ciudad de México. En el trayecto retomaron el carácter simbólico del machete utilizado por los ejidatarios de San Salvador Atenco, los cuales que fueron golpeando contra el asfalto (La Jornada, jueves 28 de julio de 2005).
"¡Estamos en pie de guerra en defensa del patrimonio de los cañeros!", advirtieron los cerca de 50 mil agricultores de la gramínea ante las oficinas del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo (La Jornada, Jueves 28 de julio de 2005).
También ocuparon ingenios en entidades como Colima, Veracruz, Sinaloa, Chiapas y Jalisco. Entre las principales acciones se puede destacar: el bloqueo de carreteras federales, y de las oficinas de Sagarpa. La dirigencia de la CNC, mediante su filial la Unión Nacional de Productores de Caña, dirigida por Martín Enrique Ramírez, que representa los resabios del corporativismo, incidió en la orquestación de la toma de ingenios por parte de los líderes de dicha organización en cada entidad. El martes 27 de septiembre los cañeros ocuparon el ingenio de Tala, en Jalisco. Ocuparon 15 de 22 ingenios en Veracruz. Algunos de los ingenios ocupados son El Modelo y La Gloria, en la región de Cardel; el Cuatotolapan en Hueyapan; El Naranjal, en Lerdo de Tejada; Mahuixtlán y El Potrero, todos ellos en Veracruz y La Margarita en Oaxaca. En Colima, productores de caña anunciaron que hoy en la madrugada tomarían las instalaciones del ingenio de Quesería. En Sinaloa, unos 900 productores tomaron las instalaciones de los ingenios El Dorado, ubicado en Culiacán, la Primavera, en Navolato, así como el de Los Mochis. (La Jornada, Miércoles 28 de septiembre de 2005)
En las negociaciones con autoridades, la Sagarpa ofreció: "dar certidumbre en el precio de la caña, puntualidad en los pagos, así como la seguridad de un marco jurídico sólido", los cuales, subrayó, estarán garantizados mediante esquemas de productividad y de competitividad del Sistema Producto Caña de Azúcar. Sin embargo la dirigencia nacional, por medio de Lázaro Arias Martínez, representante de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC), señaló que el gobierno no había hecho una propuesta significativa. Como resultado, la sociedad rural cañera, tenía la percepción de haber sidos engañados y relegados por el gobierno.
III Balance del movimiento campesino

La competencia internacional por los mercados agrícolas es injusta para los campesinos mexicanos. Los grandes subsidios que reciben los agricultores norteamericanos, los bajos precios de los productos asiáticos y la apertura del mercado nacional ha devastado a una agricultura crónicamente débil, afectada por las crisis económicas de las últimas tres décadas y, principalmente, por el desmantelamiento del Estado de bienestar. Es claro que no se trata de una lucha en igualdad de “oportunidades”, usando el término con que se bautizó el programa compensatorio más endeble de los últimos tiempos. Es cierto que nunca fueron los campesinos los hijos predilectos del régimen. Siempre se mantuvieron bajos los precios agrícolas, especialmente el del maíz, para subsidiar el consumo de las ciudades. Unicamente los repartos de tierra, los viejos proyectos de capitalización de ejidos, algunos subsidios y los programas de atención a zonas marginadas, como los de caminos rurales o el Procampo, mediaron levemente ante la miseria rural. Aun así, los campesinos fueron los más fieles aliados del régimen, desde su incorporación al partido oficial al terminar la Revolución. La nueva situación mundial y nacional ha puesto a los campesinos mexicanos contra la pared. Los efectos de una globalización excluyente han beneficiado a un pequeño grupo de grandes empresarios rurales y a las empresas trasnacionales. La gran mayoría de los campesinos mexicanos, incluso muchos medianos y grandes, han quedado fuera del mercado, a pesar de la calidad de sus productos, debido a los bajos precios, por la importación de productos agrícolas, así como por la reducción del crédito, el aumento en los costos de los energéticos y el agua.
En este trabajo hemos registrado los casos de los productores de piña, arroz, azúcar y maíz, como parte del movimiento “El campo no aguanta más”, y como parte de una sociedad rural seriamente dañada por los efectos de la simbiosis libre comercio-políticas internas neoliberales. Sólo cuando los empresarios azucareros se vieron lesionados por el mercado global el gobierno foxista intervino como salvaguarda oportuno y contundente: nacionalizó los ingenios. No se trató, sin embargo, de una estrategia de carácter social, como las nacionalizaciones históricas de Cárdenas o López Mateos, realizadas para apoyar a los trabajadores y fortalecer el Estado social. En este caso se aplicó una política de rescate financiero a los empresarios. Fue una especie de “fobazúcar”, un fuerte subsidio a los empresarios.

El gobierno de Fox aplicó radicalmente una política neoliberal-utilitarista en el campo. Fueron abandonados los campesinos mexicanos, en clara desventaja de recursos y apoyo estatal, en medio de un mercado de grandes desigualdades. El Estado neoliberal pierde así su carácter nacional y se convierte en un Estado trasnacional, sólo que en contra de los campesinos mexicanos. El viejo “laissez faire, laissez passer” se convierte en un patético “¿y yo por qué?”. Pareciera que 25 millones de campesinos no importan al nuevo Estado darwiniano-neoliberal. Cierto que algunos pequeños apoyos fueron distribuidos a manera de contención, pero nada en proporción a las condiciones de vida y a las necesidades del libre mercado. El mayor apoyo al campo mexicano viene de los propios campesinos, de las remesas que los migrantes envían desde Estados Unidos.
Por su magnitud, por la cantidad de pueblos y estados movilizados, por su pluralidad y contundencia, por la fuerza de su identidad y su vocación política, el movimiento social campesino fue el más importante del sexenio foxista. La voz de los campesinos e indígenas resonó una y otra vez en las calles de la ciudad de México. Tan sólo entre 2003 y 2005 se produjeron más de 500 movilizaciones. Carreteras y garitas bloqueadas, camiones con productos de importación detenidos, instalaciones de PEMEX sitiadas, ingenios y oficinas públicas tomadas, marchas y huelgas de hambre en diversas ciudades. Desde el fondo de las identidades rurales aparecieron manifestaciones que golpearon la conciencia cívica de la modernización urbana. El sacrificio de reses, la entrada a caballo al Congreso, tirar leche o fruta en las carreteras o regalarla en la ciudad fueron parte de una angustiosa cruzada. El mensaje de los campesinos fue: ¡Véanos! ¡Tenemos algo que decir! O, como dijera Warman, “venimos a contradecir”, a rechazar la desigualdad de la competencia global y las políticas de neomodernización, a confrontar una historia y un mundo de vida, incluso ritualista, a las estrategias neoliberales.
La pluralidad fue otro carácter particular del movimiento campesino. En condiciones de amenaza global se unieron las fuerzas del campo más disímbolas. El 31 de enero de 2003 llenaron el Zócalo más de 100 mil productores de diferentes niveles económicos. Ahí estaban agricultores grandes y medianos, ejidatarios, comuneros, indígenas, campesinos pobres. En consecuencia estaban sus diferentes organizaciones: CNC, CCC, CCI, CIOAC, El Barzón, UNORCA, EZLN, entre otras. Era evidente la pluralidad ideológica. Por un período de tiempo apareció un amplio frente rural ante la política estatal. Priístas, perredistas e independientes estaban presentes. Era el campo mexicano, con toda su diversidad, el que se presentaba en el foro central de la opinión pública nacional. La unidad no se consolidó, en parte porque arrastraba el lastre de la lucha partidista, pero en las negociaciones con el Estado era evidente el carácter generalizado del movimiento campesino. La respuesta gubernamental fue ambigua, a cuenta gotas, burocrática, dispersa, desgastante. Lo que sí quedó claro fue la existencia de una especial crisis rural, una fuerte resistencia a las tendencias destructivas del mercado y un profundo sentido identitario que reclama su legitimidad como ciudadanos de un México moderno.

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